La senadora panista señaló posibles vínculos entre la empresa JVLY y los hijos de la consejera presidenta del INE; también denunció presuntas anomalías en el destino de los recursos públicos. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que la senadora del PAN, Lilly Téllez, la señalara por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de 65 millones de pesos adjudicado a la empresa JVLY. De acuerdo con las declaraciones de la legisladora, el contrato estaría relacionado con los hijos de Taddei y habría presentado inconsistencias fiscales y documentales. Téllez sostuvo que los recursos estaban destinados originalmente a la adquisición de materiales para los simulacros de la elección judicial, como parte de un convenio firmado en diciembre de 2024. Señalan presuntos vínculos familiares con la empresa Durante sus declaraciones, Téllez afirmó que los hijos de la consejera presidenta serían los beneficiarios de la operación y mencionó a Fernando Fernández y Arcelia José Nateras como presuntos prestanombres vinculados con la estructura legal de JVLY. La senadora también denunció que parte de los recursos habría sido utilizada para financiar bonos extraordinarios destinados a funcionarios de alto nivel del área administrativa del INE. Sin embargo, los señalamientos expuestos por la legisladora no constituyen por sí mismos una resolución sobre la existencia de desvío de recursos ni acreditan responsabilidades administrativas o penales. Para establecer posibles irregularidades, es necesario conocer la documentación contractual, los resultados de las auditorías y las determinaciones de las autoridades competentes. Cuestionamientos a la gestión del INE La llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo electoral, en 2023, estuvo marcada por el debate político en torno al procedimiento de insaculación mediante el cual fue designada. Desde entonces, integrantes de la oposición han cuestionado su cercanía con figuras de Morena, entre ellas el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Las nuevas acusaciones se suman a los cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones y la posible existencia de conflictos de interés en áreas administrativas del Instituto. El caso coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos del INE y la necesidad de esclarecer los procedimientos de contratación. Para determinar si hubo irregularidades en el convenio señalado, será fundamental verificar los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), identificar a los responsables de la adjudicación y conocer las respuestas de las personas involucradas. Hasta que existan resultados concluyentes, las acusaciones contra Taddei y los presuntos vínculos familiares con la empresa deberán mantenerse como señalamientos atribuidos a la senadora Lilly Téllez, sin presentarlos como hechos probados. Compartir: Navegación de entradas Guadalupe Taddei cambia de postura y anuncia su renuncia al INE; la presentará este lunes Ricardo Monreal asegura que Morena conocía investigaciones contra Guadalupe Taddei
