Sheinbaum condiciona intervención federal en el penal de San Miguel a solicitud de Armenta

La presidenta señaló que el centro penitenciario es responsabilidad del Gobierno de Puebla, pero aseguró que la Federación está dispuesta a colaborar si existe una petición formal del mandatario estatal.

PUEBLA, Pue.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el Gobierno Federal intervenga directamente en el penal de San Miguel, en Puebla, sin que exista una solicitud expresa del gobernador Alejandro Armenta Mier, al precisar que la administración del centro penitenciario corresponde a las autoridades estatales.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que el Gabinete de Seguridad mantiene comunicación con el gobierno poblano y está dispuesto a brindar apoyo en caso de que sea requerido.

“Es un penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla y está en contacto el Gabinete de Seguridad para poder, si requiere apoyo el estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiera. Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, puntualizó.

Como ejemplo de la colaboración entre autoridades, Sheinbaum mencionó el caso de Sinaloa, donde las fuerzas federales realizan intervenciones periódicas en centros penitenciarios para retirar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

Sin embargo, reiteró que cualquier operativo de este tipo en Puebla deberá ser solicitado formalmente por el gobierno estatal.

La postura presidencial ocurre después de las protestas del pasado martes 10 de noviembre, cuando familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel realizaron bloqueos en ocho puntos de la capital poblana y la zona metropolitana.

Los manifestantes denunciaron presuntas extorsiones, amenazas, cobros ilegales y actos de corrupción al interior del reclusorio. Entre sus señalamientos, aseguraron que se exigían pagos de hasta 300 mil pesos para evitar agresiones contra los internos, por lo que demandaron la destitución del director del centro penitenciario.

Las movilizaciones provocaron afectaciones en vialidades estratégicas como la autopista México-Puebla, la Vía Atlixcáyotl, el Periférico Ecológico y Camino al Batán, entre otros puntos.

Tras estos acontecimientos, el gobernador Alejandro Armenta anunció una revisión exhaustiva del funcionamiento del penal de San Miguel y de otros centros penitenciarios, con la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y áreas de inteligencia.

Asimismo, adelantó que se analizará el traslado de dos personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad a penales de otras entidades.

El mandatario también informó que su administración investigará el origen de los bloqueos y la posible participación de personas que habrían sido contratadas para intervenir en las movilizaciones.

De esta manera, mientras el Gobierno de Puebla prepara una revisión del sistema penitenciario y las investigaciones sobre las denuncias de los familiares, la presidenta Sheinbaum dejó claro que la participación directa de las fuerzas federales en San Miguel dependerá de una solicitud formal de Alejandro Armenta.