FGE Puebla abre expediente preliminar por señalamientos contra exalcaldesa de Acatlán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió un expediente de atención temprana para revisar los señalamientos que vinculan a Guadalupe Lucero Bárcenas, expresidenta municipal de Acatlán de Osorio, con presuntos grupos dedicados a actividades delictivas.

La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, explicó que el organismo tomó conocimiento del caso a partir de las declaraciones realizadas por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como de la información difundida públicamente sobre el tema.

Precisó que, por ahora, no existe una carpeta de investigación formal contra la exalcaldesa, ya que las autoridades se encuentran en una etapa inicial de recopilación y análisis de información.

De acuerdo con la fiscal, el expediente fue iniciado el pasado 30 de septiembre, después de que Jara Cruz señalara públicamente a Bárcenas por presuntos vínculos con grupos relacionados con el robo de transporte durante su gestión municipal en 2024.

Pastor Betancourt aclaró que antes de estos señalamientos la Fiscalía poblana no contaba con una investigación abierta contra la entonces alcaldesa por posibles nexos con organizaciones criminales.

La funcionaria explicó que el expediente de atención temprana permitirá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación ministerial formal. En caso de encontrar indicios que sustenten los señalamientos, el asunto podría escalar a una carpeta de investigación.

Como parte de las diligencias iniciales, la FGE Puebla solicitó información a su homóloga de Oaxaca con el propósito de conocer si existen datos, denuncias o elementos que permitan sustentar las acusaciones. Hasta el momento, indicó Pastor Betancourt, no se ha recibido respuesta.

Guadalupe Lucero Bárcenas dejó la presidencia municipal de Acatlán de Osorio luego de que el Congreso de Puebla determinara su destitución el pasado 12 de septiembre.

La fiscal también puntualizó que las denuncias presentadas por la exalcaldesa ante la autoridad ministerial están relacionadas con presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y no con acusaciones sobre actividades criminales.