A prisión preventiva dos personas acusadas de trata y pornografía infantil en Puebla

PUEBLA, Pue.— La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Roberto Carlos N. y Sandra N., señalados como probables responsables del delito de trata de personas en la modalidad de otras formas de explotación sexual, a través de pornografía infantil.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales y periciales, los hechos habrían ocurrido entre abril de 2019 y abril de 2020, periodo en el que los imputados presuntamente promovieron e indujeron la elaboración y almacenamiento de material de contenido sexual explícito relacionado con dos víctimas menores de edad, hijas de la imputada.

La Fiscalía señaló que los archivos digitales habrían sido distribuidos e intercambiados mediante plataformas en internet, por lo que las autoridades realizaron diversas diligencias para rastrear los indicios informáticos y de campo relacionados con el caso.

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Como resultado de las investigaciones, agentes de la Agencia Estatal de Investigación ubicaron y aseguraron a ambas personas en inmediaciones de la unidad habitacional Fuentes de San Bartolo, en el municipio de Puebla.

Posteriormente, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Durante la audiencia, la representación social presentó los datos de prueba recabados durante las investigaciones. Tras analizar los elementos expuestos, un Juez de Control determinó vincular a proceso a Roberto Carlos N. y Sandra N.

Además de la prisión preventiva oficiosa, el juez estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE Puebla señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los imputados son considerados legalmente inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar y combatir los delitos que vulneren los derechos y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como de procurar justicia para las víctimas.